Pedro Pablo Kuckzynski 
En Lima, como en otras grandes ciudades  del Perú, tenemos desorden territorial, el resultado del rápido  crecimiento informal de la ciudad en los últimos 40 años. Los síntomas  más visibles de este desorden son el hecho que la gente más pobre se  ubica en las laderas de los cerros, porque no encuentra terrenos  habilitados a un costo razonable; la coexistencia en muchas zonas de la  capital de inmuebles, viviendas, fábricas y tiendas mezcladas sin  planificación; las invasiones a veces violentas de terrenos al mismo  tiempo que existen grandes extensiones de terrenos poco utilizados o  vacíos. 
Es obvio que este estado de cosas debe corregirse. Hay  muchas leyes y reglamentos pero a menudo no se cumplen. Tenemos que  buscar otro camino. Hay que revivir la planificación territorial para  toda la provincia de Lima. Entre los componentes importantes de una  política territorial figuran éstos:
i) Ordenamiento del impuesto  predial. Todo terreno debería pagar impuesto predial, basado en un  tarifario público y conocido en cada distrito. Los terrenos no  utilizados deben pagar y también las viviendas y edificios "no  terminados", un eufemismo para evitar de pagar predial y arbitrios. La  larga lista de excepciones al pago del predial debe reducirse  drásticamente. Todos deberían pagar algo y no hay razón para que  entidades gubernamentales estén exceptuadas. El pago de impuestos  territoriales municipales es la forma más eficiente de poner en  movimiento propiedades inutilizadas: el momento de hacerlo es ahora,  cuando hay un auge de la construcción y una demanda insatisfecha por  terrenos. Además, esta política permitiría recomponer la atribulada  situación financiera de la mayoría de municipalidades.
ii) Como  parte de este proceso, acelerar la desburocratización de las  municipalidades: toma meses registrar el cambio de una propiedad,  permitir un nuevo negocio, hay un uso abusivo de multas en algunas  municipalidades, etc. Se debería dinamizar una contraloría interna en  Lima (y en otras municipalidades) que verifique la eficiencia y  honestidad de las municipalidades: por supuesto, habrá muchas objeciones  porque en el Perú todos creemos que somos "autónomos", pero algo así  debe hacerse.
iii) Elaborar un plan de ventas de terrenos aptos  para viviendas que en este momento no tienen uso futuro claro: vivienda  social-horizontal y vertical, vivienda media, vivienda de recreación,  etc. ¿Quiénes están llamados a vender? Obviamente se requerirá una ley,  así como hay una ley de expropiaciones para carreteras. Los candidatos  para vender son bastante obvios: entidades gubernamentales, militares y  policiales, algunas comunidades supuestamente "campesinas" que parecen  más bien ser frentes para especuladores. ¿Qué hace, por ejemplo, la  Superintendencia de Bienes Nacionales en el terreno mejor ubicado de La  Molina? ¿Qué hace el Ministerio de Defensa con extensos terrenos hacia  el sur? (Sí, es cierto que allí se probaron unos misiles que casi fueron  a caer sobre los visitantes dignatarios). ¿Quién pondrá estos terrenos  en valor para que puedan ser desarrollados? Ni las entidades del  gobierno ni el sector privado inspiran tanta confianza: hay que buscar  una solución intermedia, sobre todo para la vivienda social.
iv)  Se debe elaborar un nuevo reglamento de construcción. Lima cada día se  vuelve más vertical y los promotores de edificios naturalmente quieren  aprovechar cada metro de terreno. El resultado es que los edificios en  varias zonas están pegados los unos contra los otros. ¿Qué pasaría en un  gran terremoto? Hay que dejar espacios entre los edificios, no sólo por  razones estéticas sino por seguridad.
Fuente: Diario Correo 
 
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